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No es regulación, es simulación de cannabis medicinal

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Me pide La Silla Rota que escriba una nota sobre la propuesta de cannabis medicinal que justo hoy acaba de aprobarse en el Senado de la República. Me preguntan si a éste primer paso seguirá una regulación para la mariguana no médica, y si el desarrollo de tales regulaciones implicará que el Estado se vuelva productor y distribuidor, o si podrá adquirirse mariguana en las farmacias.
Todas ellas son preguntas que flotan en el aire, pero lo cierto es que no existe una sola respuesta para ellas. En ciertos casos podría ser que fuera así en el futuro no muy lejano; en otros no, y en este momento, con lo votado hoy por los legisladores, nada de eso sucederá.
Explico brevemente el proceso de la iniciativa recién aprobada. Originalmente, fue enviada al Senado por el propio Presidente de la República, después de los foros organizados por la Secretaría de Gobernación sobre el tema, y muy especialmente, después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se acepta que la prohibición absoluta del cannabis es anticonstitucional, que los adultos tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía personal, mismas que, en relación al cannabis, pueden subsanarse mediante el cultivo privado sin fines de comercio, y entre adultos que no afecten a terceros.
La propuesta del Presidente, sin embargo, se quedó corta frente a éstos antecedentes. Por un lado, ignoró por completo el fallo de la SCJN en relación al cultivo y al uso no médico, y acto seguido propuso dos medidas concretas como núcleo de su propuesta: la primera, sobre los lineamientos que debía observar una regulación del cannabis medicinal; y la segunda, la descriminalización efectiva de la posesión, hasta 28 gramos por adulto, una medida que tendría un alto impacto social, ya que la inmensa mayoría de los usuarios, si bien tienen derecho al consumo de cannabis, entran en conflicto con la ley debido a la posesión, un acto consustancial al consumo, y tipificado aún como delito. La propuesta incluía, también, la posibilidad de hacer investigación científica con la planta -algo que ya estaba permitido pero que en la práctica resulta imposible por los trámites que tendrían que hacerse-.
En relación al cannabis medicinal, la propuesta original también tenía serias omisiones: básicamente, planteaba la posibilidad de importar medicamentos, para eventualmente permitir producirlos aquí bajo estrictos lineamientos dictados por la autoridad sanitaria. Tanto o más importante aún, limitaba a mínimos muy difíciles de conseguir la presencia de algunos componentes de la planta -básicamente, el THC, el cannabinoide más conocido y responsable de los efectos psicoactivos- para limitar los medicamentos a aquellos basados en el CBD, otro cannabinoide, pero más asociado a ciertos tratamientos relacionados con el sistema nervioso central, como epilepsia, distrofias musculares, etc. De la misma forma, se contemplaba la posibilidad de producir medicamentos nacionalmente, pero sujetos a “estrictos criterios sanitarios”, mismos que hasta la fecha, son desconocidos.
Esa fue, de forma muy general, la propuesta original del Presidente que aceptó discutir el Senado. Una propuesta tan limitada, que incluso el movimiento por la regulación de la cannabis debatió si significaba un avance, o no.
Y peor aún. Una vez en el Senado, los legisladores de ciertos partidos -PRI, PAN, PVEM- principalmente, determinaron dejar fuera de la discusión la propuesta de descriminalizar la posesión, y se dieron a la tarea de ver de qué manera acotaban más aún lo enviado por el Presidente. Su actitud fue decir: “Si, pero no. Vamos a sacar cualquier cosa que tenga que ver con el sí, para discutir únicamente sobre el no”.
Sin embargo, gracias a la presión ejercida por la sociedad civil interesada en el tema, la votación del dictamen se pospuso hasta hoy. Para entonces, la propuesta presidencial ya había observado cambios importantes: se reclasificaba el cannabis y sus componentes… para mal, ya que pasaban de un régimen administrativo a uno penal -contradiciendo de manera frontal el fallo de la SCJN-; se incluía al cáñamo -la misma planta, sin propiedades psicoactivas y miles de usos industriales- bajo la égida de la autoridad sanitaria (cuando debería ser económica, ya que los productos de cáñamo son legales y se contemplan en nuestros tratados de libre comercio, pero no podemos producirlos aquí) y se seguía ignorando al cultivo sin fines de comercio y a los derechos de los adultos reconocidos por la Corte.
Con ello, el dictamen que pasó a votación tenía ya serias deficiencias:
  1. Limita los medicamentos hechos a base de cannabis a unos pocos, solo a los de CBD puros y que prácticamente eno tienen THC, a pesar de la evidencia de que ambas sustancias funcionan mejor interactuando entre ellas.
  2. Permite la importación de los mismos, pero deja en el aire los requisitos para producirlos nacionalmente, algo que, como es de esperarse, solo podrán hacer las grandes compañías  con recursos económicos suficientes, amén de que la autoridad sanitaria ha hecho todo para entorpecer cualquier regulación. Esto es un punto central, ya que la inmensa mayoría de pacientes requieren de medicamentos diversos que la planta ofrece, y no solo los basados en el CBD. Además los hará inasequibles para la mayoría de los pacientes. Un tratamiento a base de aceite de CBD, por ejemplo, cuesta alrededor de 600 dólares al mes.
  3. La legislación sigue impidiendo el cultivo privado, aun con fines médicos, lo que coloca a los pacientes sin recursos o con necesidades más allá del CBD en un dilema imposible: o los compran en el extranjero para contrabandearlos, o bien se arriesgan a cultivar para ellos mismos, lo que a los ojos de la ley los vuelve delincuentes.
  4. En cuanto al uso no médico, nada cambia, y todos los adultos que decidan consumir cannabis por razones no médicas -a pesar de que tienen derecho a ello- seguirán siendo considerados delincuentes por la mera posesión, transporte, cultivo, compra, etc.
Por último, quedan algunas consideraciones del resultado final.
  1. Gracias a la presión ciudadana, se logró evitar la disposición de que los asuntos relacionados con el consumo de cannabis pasaran del ámbito administrativo a uno penal, lo que invalidaría la materia central del fallo de la SCJN, y hubiera ido en contra de todas las conclusiones de los foros de mariguana.
  2. Se acepta que el cáñamo tiene fines industriales, si bien su regulación quedará en manos de la autoridad sanitaria, con lo que no es difícil suponer que, en los hechos, será imposible producirlo nacionalmente.
  3. Si bien se dice que se permitirá la investigación científica, hasta el momento no son conocidos los criterios para poder ejercerla. Igual que con el cáñamo industrial, es muy posible que tales requisitos sean extraordinariamente difíciles de satisfacer.
  4. Los medicamentos sujetos a importación son pocos e insuficientes para la amplia variedad de enfermedades susceptibles de ser tratadas con ellos.
  5. Los derechos reconocidos por la Suprema Corte simplemente fueron ignorados. El mercado negro, y los que se benefician del mismo, seguirán manteniendo sus privilegios y exclusividad en detrimento de los usuarios – a los que se negó la única alternativa para no recurrir a ellos, el cultivo-, pero también del resto de la sociedad, ya que estos intereses ilegítimos e ilegales tendrán garantías de ingresos como hasta ahora los han tenido.
En conclusión: después de votado el dictamen, ahora tendremos una simulación de regulación para la cannabis medicinal, que no solucionará nada: ni el comercio ilegal de la planta, ni la vulneración de los derechos de los usuarios, ni el derecho a la salud de aquellos que se pueden beneficiar – o necesitan- los componentes de la planta por razones de salud. Se benefician, así, los grandes intereses farmacéuticos, el crimen organizado, y desde luego, los legisladores que querrán colgarse una medalla gracias a un engaño, cínico, a la ciudadanía.
bvcd
Jorge Hernández Tinajero 
Politólogo e internacionalista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se ha especializado por más de diez años en política de drogas. Es autor de numerosos artículos y ensayos sobre el tema; coautor de las plataformas políticas de Democracia Social y México Posible en materia de drogas ilegales; asesor de las “Iniciativas Legislativas Conde” sobre cannabis, y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis y de la Asociación Mexicana de Reducción de Riesgo y Daño. Actualmente es presidente de CuPIhD

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